El Estado Social de Derecho.

Se empieza a hablar del estado social en la constitución de Weimar de 1919 después de la primera guerra mundial, aunque en ese momento no se lo conocía como tal. El estado social es descendiente directo del estado liberal, pero con ciertos cambios fundamentales sobre todo en el ámbito económico, en el cual, se quiere proteger al más débil mediante el principio de redistribución de las riquezas.

El estado de derecho, por otro lado, hace referencia al principio de legalidad. Su principal característica, por la cual se comprende que tanto el estado como la sociedad están sometidos al imperio de la ley.

La unión de estos dos conceptos nos lleva a un sistema de gobierno bastante moderno, del cual resalta su lucha por la libertad como derecho fundamental, pero aún más por la igualdad. Esto es por cuanto se comprende que la libertad sólo hará más grande las diferencias sociales, por esta razón el estado adopta una posición intervencionista en la cual se encarga de redistribuir la riqueza siempre respetando el derecho fundamental de la propiedad privada. El estado social de derecho interviene a favor de la igualdad de oportunidades, Así es como encontramos en países como Suecia o Francia estados sociales de derecho que intervienen sobre todo en ámbitos como la educación y la sanidad, esto no quiere decir que no existan otro tipo de intervenciones como puede ser el impuesto sobre el patrimonio que grava las riquezas con el fin de redistribuirlas dentro de la sociedad, entre otros.

La situación actual del estado social de derecho se la conoce también como el estado de bienestar.

El estado de bienestar asegura la protección social, entendida ésta como los derechos a la sanidad, vivienda, educación, servicios sociales, pensiones de jubilación y la protección del empleo o al empleado. El estado de bienestar se ha desarrollado principalmente en Europa y dentro de Europa el sistema más efectivo es el nórdico (Dinamarca, Suecia, Finlandia y Holanda).

El sistema nórdico se basa en el principio de ciudadanía, es decir existe un nivel de acceso más generalizado a las prestaciones sociales. Para solventar este sistema debe existir una fuerza trabajadora joven muy grande que si en algún momento llegase a faltar, el estado de bienestar colapsaría. Se mantiene gracias a los altos impuestos pagados por sus ciudadanos, con el fin de redistribuir la renta y evitar que las oportunidades sean captadas por pocos.

El estado de bienestar es la evolución del estado social de derecho, ya que en definitiva sigue los mismos principios fundamentales como son el sometimiento al imperio de la ley y la intervención económica del estado ahora conocida también como el quinto poder del estado, si contamos los tres de Montesquieu (legislativo, judicial y electoral), los medios de comunicación el cuarto y este como el quinto.

Finalmente quería preguntarme porque no se trata de copiar en el Ecuador ideas y sistemas con bases ya formadas, que demuestran al mundo su éxito como modelo económico y político, que no es necesario llamarse y cargar con el estandarte de una ideología de izquierda extrema como la que promulga el dictador Chávez para cubrir con las necesidades del pueblo y redistribuir las riquezas equitativamente. Estoy Realmente esperanzado en que el Presidente Correa persona estudiada en la Universidad de Louvain (Bélgica) y conocedora de lo que es el Estado del Bienestar no confunda el estado social y de DERECHO con un comunismo absurdo en el cual el derecho mas inherente de los seres humanos es arrebatado. La libertad.

ERNESTO WEISSON HIDALGO.

Sobre la Libertad de Expresión

La otra noche pasaron la película de Truffaut, “Fahrenheit 451” basada en una novela de Ray Bradbury. Básicamente se trata de una sociedad ultra vigilada donde tener un libro constituye delito. En campañas progresivas se han ido incinerando todos los ejemplares de libros para que la única realidad/fantasía que pueda conocer el hombre es la que presenta el Gobierno. Concluye la historia con la quema de una inmensa biblioteca clandestina, convirtiendo las ideas en cenizas.
Revisé mis apuntes de Filosofía del Derecho donde encontré muchas similitudes entre la ficción de aquella película y la realidad de los peligros que puede suscitar el abuso de poder. A partir de aquello me planteé algunas cuestiones que quiero tratar en este texto. Empezar diciendo que los peligros reales de una sociedad controlada deberían ser motivo de preocupación incluso en el más temerario de los hombres. Cuando el poder del Estado radica en una sola persona deberían sonar las alarmas. De ahí que surgiera la popular frase: “El Poder Corrompe, y si es absoluto corrompe absolutamente”.

La historia, la filosofía y la ciencia ficción (de Orwell y Huxley y Bradbury) me han enseñado a dudar del poder. A ser receloso de la fuerza incontenible. De la impotencia ante la posible arbitrariedad del soberano Absoluto. De los gobiernos autocráticos y de las dictaduras disfrazadas de democracias.

Para garantizar la libertad, igualdad y dignidad de los ciudadanos se plasmaron positivamente en múltiples constituciones los derechos humanos, valores elementales reconocidos por todos los pueblos, derechos que trascienden fronteras y que se mantienen inmutables ante los tiempos. De esos derechos básicos derivan derechos más difusos, son los derechos civiles y políticos de 2da Generación.

Del repertorio de derechos consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 quiero detenerme en uno en particular, dadas las circunstancias actuales. Es el artículo 19 del referido texto que dice así:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El profesor Ramos Pascuas señala unos límites a este derecho, el deber de respetar la exceptio veritatis, es decir la verdad de la noticia y no la difamación. Por lo tanto, la verdad de lo imputado excluye la existencia de una calumnia. Decir que han habido “tumultos, palos y piedras” en estos últimos meses es una verdad de público conocimiento (sino vayan a YouTube!) basta recordar los acontecimientos acaecidos desde enero 2007. Hago alusión sobre este tema a todos los políticos que desempeñen cargos representativos, para que asuman que su nombre e imagen es relevante al interés general y por tanto al ser figuras públicas, aceptan tácitamente ser sujetos de noticia y vértice de la opinión de la prensa y el pueblo.

También cabría reconsiderar el artículo 230 de nuestro arcaico Código Penal, por el que se podrá demandar a todo aquel que calumnie o discienta publicamente acerca del ejercicio del Presidente. Notorio el uso de la palabra REPRIMIR, ya que esta será la herramienta legal más útil para la represión.

“El que con amenazas, amagos, injurias o violencias, ofendiere al Presidente de la República, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de…”

Limitar la capacidad de las personas para autodeterminarse es atentar contra la dignidad humana. Negar la libertad interna de las personas es tan inmoral como la esclavitud. La libertad de expresión es poder decidir, opinar, manifestar libremente hacia el exterior los pensamientos y esa es precisamente la mayor virtud de una democracia sana. De ahí que las autoridades políticas tengan el deber de no sancionar ni perseguir a nadie por su pensamiento u opinión. En la esfera del pensamiento el individuo debe tener libertad plena porque tiene derecho a buscar la verdad por si mismo. Es esa libertad para juzgar por uno mismo lo que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. En las democracias actuales la prensa libre es fundamental para hacer de contrapeso al poder. Ignacio Ramonet, editor y presidente de LeMode Diplomatique, reconoce la importancia de éste, el 4to Poder.

Asumiendo entonces que todavía vivimos en un Estado de Derecho, donde la justicia material (no legal) impera sobre los hombres. Asumiendo que los derechos que pertenecen a cada individuo están respaldados por normas positivas, fundamentales, constitucionales, que se consideran superiores a cualquier otro fin del Estado. Asumiendo que la democracia es la forma de poder que se desarrolla en plena transparencia. Sólo entonces, asumiendo como ciertas aquellas presunciones podré consentir con el gobierno, mientras tanto, y hasta que no se demuestre lo contrario, seguiré exigiendo el respeto a la ley, a las instituciones y a la libertad en todas sus formas y manifestaciones.

La política crece muchas veces a la sombra de la demagogia. Por ello, la publicidad obliga a los gobernantes a buscar la razón y la justicia bajo la mirada crítica de todos. La mediatización de los gobiernos es un arma muy peligrosa. Debemos exigir que el Poder Ejecutivo se limite a ejercer la ley y gobernar. No debe ampliar el ámbito de sus actuaciones, extendiendo sus tentáculos a radios, periódicos o canales de TV propios, ello es distraerse en proyectos mediáticos que servirán de plataforma para difundir verdades oficiales y censurar a quienes sean ajenos a sus lineamientos e ideologías. La búsqueda de la verdad nos corresponde únicamente a nosotros, los ciudadanos.

Gabriel Crespo Burneo.

Deliberaciones en un bar

Ayer discutíamos agitados, algunos amigos de la Facultad, defendiendo con pasión nuestras posturas antagónicas y opiniones sobre la crisis política de Ecuador. Como consecuencia de ello surgió el texto que a continuación publico:

Independientemente de la noción ideológica de la estricta dogmática de izquierda o derecha ( y la vacuidad de estos conceptos), creo que lo sano en una democracia debería ser la transparencia. Sobretodo ahora que volvemos a estar en elecciones. Manifestar, con claridad los proyectos por el que conceder nuestro voto a un candidato, es decir, saber a profundidad que representa el concederles nuestro votos a las distintas facciones que se postularán próximamente. Sin duda, en Ecuador, el voto en la Consulta reflejó el descontento generalizado y la insatisfacción. Existe una inminente necesidad de cambio. Pero en general (me atrevería a decir en los últimos 10 años) el voto no ha sido un voto plenamente conciente ni responsable. Esa ha sido precisamente la magia del populismo, conseguir votos mediante espejismos e ilusiones. Impotentes, la opción que nos ha quedado es votar por el "menos peor". Ante ese escenario se ha gestado el nuevo e inusitado líder político, Rafael Correa. Será producto del desazón que nos llevamos con Gutierrez, el agotamiento que trajo consigo años de la famosa “Partidocracia”, quizás la política de Bush, el sueño Bolivariano o el apadrinamiento de Chávez y sus petro-dolares, quién sabe. Pero el hecho es que llegó al poder en contra de todos los pronósticos y ahora nos conduce a una Asamblea Constituyente Plenipotenciaria, en la que como dicen algunos de sus seguidores, el Ecuador se va a levantar de las cenizas como el Ave Fénix, ya que vamos a refundan la nación “Altiva y Soberana para salir de la larga noche neoliberal”. Curiosa es nuestra historia política, sobretodo cuando se la ve desde el extranjero.

Dada la vital importancia de la próxima elección deberíamos exigir nuestro derecho a saber por qué y quién votamos. Sobre este asunto me remito a un brillante artículo de Fabián Corral que expone con claridad y argumentación jurídica algunos puntos que se deberían tratar abiertamente con la sociedad y de los que nada se ha dicho hasta el momento. De algunas actitudes del Ejecutivo se puede deducir el rumbo que el "cambio" o la "revolución" esta tomando pero fuera de ello todo es incertidumbre.

Me permito preguntarles estimados lectores, de qué cambio estamos hablando? Creo firmemente que todo ecuatoriano es partidario de un mejor porvenir, de mayor equidad en la repartición de la riqueza, de estabilidad y seguridad, de mejores servicios públicos, tan siquiera los básicos. Pero me parece desleal jugar con las expectativas de un pueblo y servirse de un discurso demagógico y populista para hacerse de votos y aglutinar desmedidas fuerzas. Arremeter contra todos los viejos estamentos ha sido una estrategia fructífera en términos de incrementar la popularidad del Primer Mandatario, pero a la larga, ello no aporta nada materialmente a nuestro país. Es imperativo que el Gobierno de Correa de a conocer exhaustivamente la magnitud del cambio, los límites y alcances de éste, las implicaciones y costes socio-económicos que acarreará consigo, los efectos sobre nuestra imagen internacional. En fin, valdría la pena saber con claridad si los procesos de dudosa legalidad que se han venido sucediendo van a ser sólo “el trago amargo” necesario para alcanzar tan anhelada meta; no vaya a ser que luego nos llevamos algunos desencantos con el Socialismo del S. XXI.

Gabriel Crespo B.

Desobediencia civil o resistencia activa?

A continuación publico un e-mail a raíz de una conversación con mi profesor de Filosofía del Derecho, acerca del asunto político en Ecuador.

Estimado Gabriel, gracias por el texto. Lo he leído y me parece muy razonable. En cuanto a lo que hablamos ayer, no creo que la actitud de los partidarios del Presidente Correa pueda considerarse desobediencia civil moralmente justificada, porque no cumple ninguno de los cuatro requisitos que establece Rawls*. Yo creo que sí es un caso de desobediencia al Derecho, pero entra más bien en la figura de la resistencia activa o revolucionaria. El objetivo que parecen perseguir es el cambio radical del sistema jurídico-político, sin excluir la violencia. Bien es cierto que no se han manifestado abiertamente en forma revolucionaria, porque no es fácil justificar la rebelión contra un Estado de Derecho, pero de forma encubierta y parasitando provisionalmente el sistema jurídico-político vigente, está claro que en el fondo se trata de una revolución.

Un saludo cordial

J. A. R. P.

* Los 4 requisitos que señala RAWLS, a los que hace referencia el texto son, estrictamente necesarios para que la desobediencia civil sea moralmente justificable o válida.

1.- La norma/s que se desobedece debe ser injusta para la comunidad, no basta con objetar la conciencia de un individuo, ser refiere a una colectividad.

2.- Debe ser el último recurso al que acudir, sólo cuando se hayan agotado otros medios.

3.- Deberán calcularse previamente las consecuencias negativas que pueda acarrear el incumplimiento de normas. Si el resultado fuese peor, entonces se debe descartar la desobediencia.

4.- Deben ser actos de defensa de los principios de justicia, no puros actos de corrupción contra el sistema.

La Falacia del Oportunismo Crítico

El Ecuador ha estado inmerso desde hace ya algún tiempo (es mas, si me pongo hacer una recopilación sobre el asunto desde que yo tengo memoria), en una profunda crisis no solo institucional, sino social por una diversidad de motivos que no vienen al caso en este momento. Si bien es cierto que en el momento actual se respira un aire de profunda incertidumbre en lo que respecta el futuro político de nuestro país, considero oportuno y es mas necesario hacer una serie de observaciones, no en forma de críticas sino por el contrario reflexivas sobre lo que pasa en el Ecuador y como se lo juzga.

Me es interesante que los innumerables artículos que leo sobre la situación actual del país hacen una exaltación a las instituciones del país, con motivaciones de derecho positivo como el principio básico de seguridad jurídica, la constitución como eje central del ordenamiento jurídico, etc. Todos ellos puntos claramente necesarios en cualquier estado moderno y de derecho; que a la vez yo soy partidario y creyente en su totalidad. Sin embargo lo que es a mi parecer en cierto tono hasta gracioso es que la realidad política que vive el Ecuador en el presente es fruto de la degradación paulatina de mas de una década, que ha traído como consecuencia la completa incredibilidad en las instituciones políticas del país. Dejando a observancia de todos que pocos creen en el congreso y otros pocos dudan totalmente del ejecutivo. Poniendo de relieve que efectivamente como es de esperar de cualquier democracia, nunca habrá consenso total sobre el sistema y quienes nos representan; eso añadido a los valores de derecho positivo que tanto se exaltan últimamente.

Llamo a hacer una reflexión sobre el asunto, ¿Es acaso responsabilidad también del Gobierno el tortuoso y lento camino de descomposición política que viene recorriendo el Ecuador no solo en los últimos diez años sino talvez los pasados veinte de democracia?, Las instituciones claramente han ido perdiendo su credibilidad a lo largo de los años y debido a las actuaciones que ellas mismas han gestado. Ahora bien existen recriminaciones que hacer al Gobierno actual; ¿Pero es realmente justo y veraz hacer al ejecutivo responsable de la falta de solidez institucional que aqueja al Ecuador? ¿O acaso simplemente siempre se necesita un responsable que culpar de las desgracias de un país que por irresponsabilidad de algunos y ausentismo de otros jamás se ha podido cimentar en la estabilidad?.

Me parece de una hipocresía impresionante el alegar que la descomposición y descontento contra el Congreso Nacional es total y únicamente responsabilidad del actual Gobierno. Acaso nadie recuerda ya los acontecimientos de hace algunos años en el cual en una maniobra similar a la gestionada por el TSE el Congreso obvio la clara separación de poderes y destituyó la Corte Suprema del Ecuador dejándonos con una acefalía judicial durante casi ocho meses. Si bien es cierto que se trataba de otros legisladores quiero dejar claro que maniobras como esas son las que han hecho perder la credibilidad al Congreso en este momento y no el exaltado caudillismo y oportunismo populista al que tantos hacen referencia, pero que hay que admitir existe. Hay que reconocer a su vez que Carondelet no ha fomentado ninguna clase de apoyo a al congreso que en su momento se pudiese transformar en una imagen mas sólida del mismo.
En uno de estos innumerables artículos que he leído, se hace alusión de que a pesar de que la Constitución dice que somos democráticos, la realidad presente (la que se vive desde la entrada del nuevo Gobierno) nos demuestra lo contrario. A esto simplemente remito el siguiente hecho, durante años se vivió sin Defensor del Pueblo en Pichincha por las discrepancias políticas en el Congreso. Ya que debido a las diferencias inconciliables entre los partidos políticos ellos se traducía en una completa inseguridad jurídica para los ciudadanos. Debo acaso señalar de nuevo lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia o la persecución política del anterior gobierno contra cualquier oposición liderado por Lucio Gutiérrez que trajo como consecuencia el enfrentamiento mas violento de los últimos diez años, en lo que se refiere a revueltas populares. Por estos actos nadie rindió ninguna responsabilidad sino que mas bien se indulto y se transformo en líder de la oposición, haciendo suyo un uso casi privilegiado de los emblemas constitucionales y de la supuesta seguridad jurídica que se le ha negado. Por otro lado grupos que actualmente formulan la posición mas acérrima contra el gobierno apoyaron en su momento al derrocado presidente pues suponía un punto de seguridad a los intereses “económicos” del país. Nuevamente la doble moral de pocos contra los intereses de muchos.

Por ello y tantas otras razones yo considero que uno debe ser de un tono más humilde cuando considera que la ruptura de la democracia es un problema que viene gestado por la sola actividad de un gobierno que va en el poder menos de seis meses y que en realidad se trata de la simple y clara degradación de un sistema que se erigió con fallas tan trascendentales que nunca se logró erigir de forma correcta.

Si bien no justificó las acciones del presente gobierno en cuanto violan una serie de preceptos legales que no se deben dejar pasar por alto, el resultado de todo ello es un proceso continuo de descomposición de las instituciones ecuatorianas por la irresponsabilidad, no solo de quienes ponemos en el poder sino por nuestra pasada tolerancia de tales acciones en las cuales el pueblo siempre es el que ha quedado en ridículo viendo como se le privan de sus derechos y se abusan de los poderes que se otorgan.

Por que ahora en momentos de una Asamblea que posiblemente cambie la estructura del país se pone tanto énfasis en la educación de las personas que formaran parte de la misma, cuando por casi 25 años a nuestros legisladores no se les ha exigido mas que el haber acabado la educación primaria para poder ser electos. Es acaso otro punto en la hipocresía política que vive el Ecuador en el cual la ley no es un elemento de justicia para todos sino un simple instrumento de oportunismo político para defender lados y amparar los atropellos de unos contra otros; sean instituciones o personas.

En definitiva no importa si hay o no Constituyente pues el problema que yace detrás de todo es mucho mas profundo y se interna en la propia estructura social que piensa que justicia es lo que le conviene a uno o a unos pocos. Por ello mientras no se dejen de lado los doble planteamientos ante la ley y como esta afecta uno en relación a otros, así como, no se reconozcan los errores de TODO un SISTEMA, y no simplemente de quien debido a razones de circunstancia se le puede hacer responsable del colapso de algo que viene siendo evidente, pero que nadie ha querido reconocer.

Con ello me remito a un artículo de hace unas semanas en EL COMERCIO:
El TC, una pieza más del dominó
Por Marco Arauz Ortega

El TC ha aportado un elemento público de duda debido a que dos de sus vocales se reunieron en días pasados con diputados destituidos. Si una cita como la que mantuvo el Gobierno con diputados suplentes fue objeto de crítica, esta crece cuando se trata, no de funcionarios gubernamentales, sino de jueces que coinciden -y no en una instancia legal- con las personas sobre las cuales tienen que juzgar.


CARLOS ESPINOSA GALLEGOS -ANDA

La naturaleza y los mandatos del nacionalismo

Recurrentemente, a lo largo de mi vida, he visto como mi voluntad política diverge completamente de la del electorado ecuatoriano. Me he acostumbrado a ver mis impulsos ideológicos dispares con la voluntad política de la mayoría de ecuatorianos; se podría decir que este sistema electivo de mayorías ha dado duros espaldarazos a mi identidad política. De ésta forma, rara vez he sentido que mi posición política como ciudadano ha estado representada en la dinámica gubernamental o estatal. Esto, a su vez, justifica que cuando he presenciado el letárgico estancamiento del Ecuador me haya enfurecido y despechado contra la falta de acierto de las decisiones del electorado ecuatoriano. Es entendible, entonces, que al calor de este enfurecimiento sea difícil sostener una identidad de orgullo ecuatoriano, mi mas profundo carácter de ecuatoriano se estremece al constatar la crisis de nuestro estado. ¿Cómo puedo yo sostenerme firme como Nacional cuando no logro entender la configuración del sistema democrático de toma de decisiones en el Ecuador? ¿Cómo puedo yo afirmar mi patriotismo cuando no logro identificarme jamás con el trabajo de los representantes del pueblo, los políticos? ¿De donde arranca mi nacionalismo si la vida de mi país se encuentra inmersa en un huracán de fútiles vaivenes políticos? Y entonces; ¿qué sentido tiene tener una ideología política en el Ecuador cuando, al fin y al cabo, los movimientos políticos se desenvuelven en una mecánica de parloteo y de negociaciones informales?
Pues bien, en esta última contienda política las posiciones han sido bastante encontradas, y a pesar de que el Sí ganó de manera abrumadora, el No tuvo el apoyo de importantes intelectuales y pensadores que tuvieron que sentir en su piel los mismos cuestionamientos de desunión que acabo de describir.
En éste momento pienso que es necesario hacer una reflexión sobre la naturaleza y las implicaciones del sentimiento nacionalista. El día de ayer los ecuatorianos se pronunciaron de manera elocuente, el conjunto de ciudadanos ha sido expreso en su decisión: quieren cambios estructurales en el estado; quieren una nueva constitución. El conjunto de ciudadanos ha decidido emprender un nuevo orden estatal. Y esta decisión fue tomada de una forma evidentemente democrática. Correcto; ¿pues bien, que tipo de orientación pueden tener ahora los nacionalistas defraudados? Realmente, solo pueden tener una. Al ser ecuatoriano uno es parte de un conjunto gentilicio de personas nacidas en el mismo territorio y gobernadas por el mismo ordenamiento; ahora, ocurre que el conjunto gentilicio de personas al que pertenecemos ha adoptado una decisión irrevocable y decisiva para nuestra nación. El ser nacionalista significa ante todo la identificación con una realidad nacional; significa, por tanto, que los nacionalistas “hacen carne” su realidad de ecuatorianos, y en este caso específico, hay que asimilar la realidad de que dentro de poco tendremos un nuevo orden estatal por decisión propia. Pues bien, ¿entonces que perspectiva, que posicionamiento se debe tener, en tanto en cuanto nacionalista, frente al nuevo proyecto jurídico nacional? Debemos asumir que nuestro país emprende un proyecto ambicioso, que independientemente del sentido político de cada individuo éste proyecto se va a llevar a cabo, que los riesgos de fracasar en este proyecto implican el establecer una estructura organizativa estatal destinada a la quiebra y a múltiples nuevas crisis, que solamente puede ser exitoso un nuevo orden nacional si cuenta con un alto grado de consenso ciudadano, y que para que una empresa de éste calibre sea exitosa necesita de la participación de los mejores intelectuales del país. Por lo tanto, independientemente de la perspectiva política en que cada ciudadano se encontraba antes del plebiscito, tras la decisión democrática trascendental de nuestra comunidad solo podemos en virtud de nuestro carácter nacional devenir en actores promotores efectivos del éxito de la asamblea constituyente. Francamente, ésta es la única vía de superación: la asamblea constituyente es una realidad casi tangible, que va a alterar significativamente el desarrollo futuro del Ecuador, por tanto, un proyecto tan complejo y profundo solo puede ser exitoso si cuenta con el apoyo ciudadano más extenso. Ser nacionalista ahora implica el asumir un deber de compromiso con un proyecto vital para el futuro del Ecuador; debemos colocarnos en un papel crítico constructivo con respecto al proyecto de la asamblea nacional para que ésta logre sus objetivos.
Por tanto, aquellos importantes juristas que han reprochado los procesos políticos ecuatorianos desde los cómodos asientos de sus despachos, y los intelectuales que dejaron que la preferencia de mantenerse ajenos a las destartaladas pugnas partidistas sea un motivo suficiente como para excluirse de la dinámica política tienen ahora un deber, en virtud de su patriotismo de asumir un papel tenaz y activo en el proyecto de la asamblea constituyente. El nacionalismo tiene que movilizar al mejor capital humano del país, puesto que ésta es la única manera de salvaguardar el frágil futuro ecuatoriano.

Juan Esteban Guarderas

Por el cambio, no la revolución.

Sería un engaño negar que el Ecuador requiera de un cambio profundo, de una reestructuración que establezca unas bases sólidas sobre las que erguir una nueva sociedad más justa y equitativa. Sin duda cambio y revolución son dos vías muy seductoras y atractivas. Habiendo llegado a un momento crítico en el que el clamor popular exige cambio y grita consignas de revolución.

De ahí que los acontecimientos de los últimos meses hayan suscitado mi interés por el tema cívico-político, impulsándome a rebelarme contra el desasosiego y la apatía, que como niebla espesa, cubrían toda noticia que recibía desde Ecuador en el Extranjero. Salí del país hace 5 años para estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Aquí comprendí que el Estado Social y Democrático de Derecho no es sólo un titulo en la Constitución sino una realidad palpable por sus ciudadanos. La igualdad de las personas, el respeto a las normas y la ley, la protección de los derechos, son algunas de las garantías que aseguran una vida digna en un sistema justo.

Pierdo la confianza en el porvenir de Ecuador cuando veo que la forma de hacer política se repite y no evoluciona. En campaña se pretende cautivar al pueblo con discursos demagógicos y populistas. Los promulgan con fervor, “altivos” caudillos de turno que instrumentan sus engaños a las masas a través de un micrófono y una tarima, con globos de colores y bailarinas que se menean al son de una cumbia. Una vez electos la fiesta continua en el Estado piñata al que apalean para que caigan los caramelos. Hasta que llega la dinámica del “el golpe” y las recurrentes caídas de gobiernos que no son ya un episodio aislado, sino el común denominador de estos últimos 10 años.

Sin embargo no puedo permanecer indiferente al ver que la frágil democracia pender de un hilo. En resumen: Ha surgido un todo poderoso TSE que descabeza a cualquier opositor con la excusa de obstaculizar la Consulta Popular por estar inmersos en periodo electoral. (estaremos en periodo electoral por lo menos los siguientes 2 años) Hoy, no tenemos Congreso de los Diputados, o tenemos uno al servicio del gobierno, ya que de un zarpazo se eliminó ilegalmente a 57 diputados de la oposición por un órgano sin competencia jurisdiccional para juzgarlos. Se vulneraron todas las normas de derecho a la defensa y al debido proceso. Y bajo el manto de la oscura madrugada transportados en un bus facilitado por le Ministerio de Gobierno se introdujo a los Diputados Suplentes que se habían cubierto de las cámaras el día anterior con manteles y servilletas en Puembo, a que se principalicen.

El Congreso es la institución fundamental en un Estado democrático, independientemente de las valoraciones o calificativos que le atribuya la gente, el Congreso debe existir, es un absurdo pretender disolverlo argumentando que ha sido corrupto. Con el mismo argumento deberíamos disolver el Ejecutivo dado el nefasto precedente que ha marcado en la historia.

Las resoluciones dictadas por el TS y TC son deliberadamente irrespetadas y carecen, por lo visto (por consenso social) de fuerza vinculante y de un poder coercitivo que las respalde. Lo jurídico ha perdido la virtud de la certeza. Los juzgados y Tribunales han olvidado el principio de imparcialidad e independencia atendiendo a intereses particulares.

El Ejecutivo gobierna vía decretos de emergencia, destinando millones de dólares de fondos de contingencia a proyectos, sin duda urgentes, pero que no son fiscalizados propiamente ni producto de licitaciones transparentes. La Policía entre alambre de púas y barricadas, “resguarda” instituciones, desde donde ven impávidos a turbas enardecidas arremeter con palos y piedras contra toda ventana o funcionario que acate su visión de la revolución. El imperio de la ley fue suplantado por el garrote y la intimidación.

Se ha instaurado el caos y la confrontación, con brotes de violencia que no fueron debidamente repelidos ni condenados. Se está avivando las llamas de resentimiento social con reivindicaciones válidas pero mal conducidas. El Presidente utiliza adjetivos no propios de un diplomático para insultar a la prensa, a los canales de televisión, a los banqueros, a la USFQ (donde estudié dos años) a todo ciudadano que se manifiestan libremente en contra de sus planes políticos, incluso a los que llevan apellidos que no son de su agrado.

Así, en este nuevo socialismo del S. XXI se augura el incremento del aparato estatal, caldo de cultivo perfecto para que se geste más corrupción y se paguen favores con plazas de trabajo. Reiteradamente se dan muestras inequívocas de un rechazo al dólar para remplazarlo “algún día” por una utópica moneda sud-americana. Todo ello sumado a un Ejecutivo en constante campaña electoral que duplica bonos e incrementa el gasto social sin tener, a largo plazo, los recursos para solventarlos. El gobierno no se ha privado en hacer substanciales gastos en propaganda política, en trasladarse a los más recónditos lugares a dar discursos feroces y descalificar a sus oponentes. Amenazando que si no gana el Sí, en Su Consulta, se va a la casa. Bajo ese escenario de incertidumbre y crisis la economía se debilita y se ahuyenta incluso al más arriesgado inversor extranjero.

Se nos viene una apresurada Asamblea Constituyente Plenipotenciaria de la que más de la mitad de la población no tiene idea ni comprensión de sus funciones y alcances. Lo que supone un riesgo, cuando hasta el día de hoy no se ha planteado una agenda concreta, mucho menos unos límites. El Estatuto que nunca se debatió y la serie de irregularidades que se fueron sucediendo resta legitimidad a ésta, la próxima, de las tantas Constituciones que seguiremos teniendo. Hasta que no se llegue a un consenso amplio que refleje la pluralidad de sectores que componen nuestro país, veremos transitar por el podio Constituciones y personajes políticos de variopintas tendencias e ideologías. Es esencialmente esta falta de coherencia y continuidad por lo que creo necesario alzar mi voz en actitud cívica y llamar a la reflexión del votante, ya que es precisamente él, quien con su voto a forjado la política ecuatoriana y sus lamentables resultados.

Yo me opongo a prestar mi voto para que se hagan otra vez experimentos (ya van 19), para lanzarme al vacío de espaldas con la sola esperanza de que la revolución ha llegado. De ahí que no debamos dejarnos llevar por los discursos y la retórica populista, sino por el contrario ser críticos y desconfiados. Exigir trabajo, educación, vivienda, salud como prestaciones obligación de un Estado Social y Democrático de Derecho y no como dádivas del político de turno.

Este es el momento de involucrarse y actuar, opinando, exigiendo el cumplimento de la ley y el respeto a los derechos. Es nuestra obligación dejar de ser ciudadanos pasivos para reclamar un país donde haya orden y justicia pero sin arrebatos ni autoritarismos, antes de que “la revolución” degenere y azote con más pobreza y violencia a un país ya devastado por nuestra fe ciega en la política.

Gabriel Crespo Burneo.

Presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en Salamanca