Sobre la Libertad de Expresión

La otra noche pasaron la película de Truffaut, “Fahrenheit 451” basada en una novela de Ray Bradbury. Básicamente se trata de una sociedad ultra vigilada donde tener un libro constituye delito. En campañas progresivas se han ido incinerando todos los ejemplares de libros para que la única realidad/fantasía que pueda conocer el hombre es la que presenta el Gobierno. Concluye la historia con la quema de una inmensa biblioteca clandestina, convirtiendo las ideas en cenizas.
Revisé mis apuntes de Filosofía del Derecho donde encontré muchas similitudes entre la ficción de aquella película y la realidad de los peligros que puede suscitar el abuso de poder. A partir de aquello me planteé algunas cuestiones que quiero tratar en este texto. Empezar diciendo que los peligros reales de una sociedad controlada deberían ser motivo de preocupación incluso en el más temerario de los hombres. Cuando el poder del Estado radica en una sola persona deberían sonar las alarmas. De ahí que surgiera la popular frase: “El Poder Corrompe, y si es absoluto corrompe absolutamente”.

La historia, la filosofía y la ciencia ficción (de Orwell y Huxley y Bradbury) me han enseñado a dudar del poder. A ser receloso de la fuerza incontenible. De la impotencia ante la posible arbitrariedad del soberano Absoluto. De los gobiernos autocráticos y de las dictaduras disfrazadas de democracias.

Para garantizar la libertad, igualdad y dignidad de los ciudadanos se plasmaron positivamente en múltiples constituciones los derechos humanos, valores elementales reconocidos por todos los pueblos, derechos que trascienden fronteras y que se mantienen inmutables ante los tiempos. De esos derechos básicos derivan derechos más difusos, son los derechos civiles y políticos de 2da Generación.

Del repertorio de derechos consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 quiero detenerme en uno en particular, dadas las circunstancias actuales. Es el artículo 19 del referido texto que dice así:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El profesor Ramos Pascuas señala unos límites a este derecho, el deber de respetar la exceptio veritatis, es decir la verdad de la noticia y no la difamación. Por lo tanto, la verdad de lo imputado excluye la existencia de una calumnia. Decir que han habido “tumultos, palos y piedras” en estos últimos meses es una verdad de público conocimiento (sino vayan a YouTube!) basta recordar los acontecimientos acaecidos desde enero 2007. Hago alusión sobre este tema a todos los políticos que desempeñen cargos representativos, para que asuman que su nombre e imagen es relevante al interés general y por tanto al ser figuras públicas, aceptan tácitamente ser sujetos de noticia y vértice de la opinión de la prensa y el pueblo.

También cabría reconsiderar el artículo 230 de nuestro arcaico Código Penal, por el que se podrá demandar a todo aquel que calumnie o discienta publicamente acerca del ejercicio del Presidente. Notorio el uso de la palabra REPRIMIR, ya que esta será la herramienta legal más útil para la represión.

“El que con amenazas, amagos, injurias o violencias, ofendiere al Presidente de la República, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de…”

Limitar la capacidad de las personas para autodeterminarse es atentar contra la dignidad humana. Negar la libertad interna de las personas es tan inmoral como la esclavitud. La libertad de expresión es poder decidir, opinar, manifestar libremente hacia el exterior los pensamientos y esa es precisamente la mayor virtud de una democracia sana. De ahí que las autoridades políticas tengan el deber de no sancionar ni perseguir a nadie por su pensamiento u opinión. En la esfera del pensamiento el individuo debe tener libertad plena porque tiene derecho a buscar la verdad por si mismo. Es esa libertad para juzgar por uno mismo lo que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. En las democracias actuales la prensa libre es fundamental para hacer de contrapeso al poder. Ignacio Ramonet, editor y presidente de LeMode Diplomatique, reconoce la importancia de éste, el 4to Poder.

Asumiendo entonces que todavía vivimos en un Estado de Derecho, donde la justicia material (no legal) impera sobre los hombres. Asumiendo que los derechos que pertenecen a cada individuo están respaldados por normas positivas, fundamentales, constitucionales, que se consideran superiores a cualquier otro fin del Estado. Asumiendo que la democracia es la forma de poder que se desarrolla en plena transparencia. Sólo entonces, asumiendo como ciertas aquellas presunciones podré consentir con el gobierno, mientras tanto, y hasta que no se demuestre lo contrario, seguiré exigiendo el respeto a la ley, a las instituciones y a la libertad en todas sus formas y manifestaciones.

La política crece muchas veces a la sombra de la demagogia. Por ello, la publicidad obliga a los gobernantes a buscar la razón y la justicia bajo la mirada crítica de todos. La mediatización de los gobiernos es un arma muy peligrosa. Debemos exigir que el Poder Ejecutivo se limite a ejercer la ley y gobernar. No debe ampliar el ámbito de sus actuaciones, extendiendo sus tentáculos a radios, periódicos o canales de TV propios, ello es distraerse en proyectos mediáticos que servirán de plataforma para difundir verdades oficiales y censurar a quienes sean ajenos a sus lineamientos e ideologías. La búsqueda de la verdad nos corresponde únicamente a nosotros, los ciudadanos.

Gabriel Crespo Burneo.

Deliberaciones en un bar

Ayer discutíamos agitados, algunos amigos de la Facultad, defendiendo con pasión nuestras posturas antagónicas y opiniones sobre la crisis política de Ecuador. Como consecuencia de ello surgió el texto que a continuación publico:

Independientemente de la noción ideológica de la estricta dogmática de izquierda o derecha ( y la vacuidad de estos conceptos), creo que lo sano en una democracia debería ser la transparencia. Sobretodo ahora que volvemos a estar en elecciones. Manifestar, con claridad los proyectos por el que conceder nuestro voto a un candidato, es decir, saber a profundidad que representa el concederles nuestro votos a las distintas facciones que se postularán próximamente. Sin duda, en Ecuador, el voto en la Consulta reflejó el descontento generalizado y la insatisfacción. Existe una inminente necesidad de cambio. Pero en general (me atrevería a decir en los últimos 10 años) el voto no ha sido un voto plenamente conciente ni responsable. Esa ha sido precisamente la magia del populismo, conseguir votos mediante espejismos e ilusiones. Impotentes, la opción que nos ha quedado es votar por el "menos peor". Ante ese escenario se ha gestado el nuevo e inusitado líder político, Rafael Correa. Será producto del desazón que nos llevamos con Gutierrez, el agotamiento que trajo consigo años de la famosa “Partidocracia”, quizás la política de Bush, el sueño Bolivariano o el apadrinamiento de Chávez y sus petro-dolares, quién sabe. Pero el hecho es que llegó al poder en contra de todos los pronósticos y ahora nos conduce a una Asamblea Constituyente Plenipotenciaria, en la que como dicen algunos de sus seguidores, el Ecuador se va a levantar de las cenizas como el Ave Fénix, ya que vamos a refundan la nación “Altiva y Soberana para salir de la larga noche neoliberal”. Curiosa es nuestra historia política, sobretodo cuando se la ve desde el extranjero.

Dada la vital importancia de la próxima elección deberíamos exigir nuestro derecho a saber por qué y quién votamos. Sobre este asunto me remito a un brillante artículo de Fabián Corral que expone con claridad y argumentación jurídica algunos puntos que se deberían tratar abiertamente con la sociedad y de los que nada se ha dicho hasta el momento. De algunas actitudes del Ejecutivo se puede deducir el rumbo que el "cambio" o la "revolución" esta tomando pero fuera de ello todo es incertidumbre.

Me permito preguntarles estimados lectores, de qué cambio estamos hablando? Creo firmemente que todo ecuatoriano es partidario de un mejor porvenir, de mayor equidad en la repartición de la riqueza, de estabilidad y seguridad, de mejores servicios públicos, tan siquiera los básicos. Pero me parece desleal jugar con las expectativas de un pueblo y servirse de un discurso demagógico y populista para hacerse de votos y aglutinar desmedidas fuerzas. Arremeter contra todos los viejos estamentos ha sido una estrategia fructífera en términos de incrementar la popularidad del Primer Mandatario, pero a la larga, ello no aporta nada materialmente a nuestro país. Es imperativo que el Gobierno de Correa de a conocer exhaustivamente la magnitud del cambio, los límites y alcances de éste, las implicaciones y costes socio-económicos que acarreará consigo, los efectos sobre nuestra imagen internacional. En fin, valdría la pena saber con claridad si los procesos de dudosa legalidad que se han venido sucediendo van a ser sólo “el trago amargo” necesario para alcanzar tan anhelada meta; no vaya a ser que luego nos llevamos algunos desencantos con el Socialismo del S. XXI.

Gabriel Crespo B.

Desobediencia civil o resistencia activa?

A continuación publico un e-mail a raíz de una conversación con mi profesor de Filosofía del Derecho, acerca del asunto político en Ecuador.

Estimado Gabriel, gracias por el texto. Lo he leído y me parece muy razonable. En cuanto a lo que hablamos ayer, no creo que la actitud de los partidarios del Presidente Correa pueda considerarse desobediencia civil moralmente justificada, porque no cumple ninguno de los cuatro requisitos que establece Rawls*. Yo creo que sí es un caso de desobediencia al Derecho, pero entra más bien en la figura de la resistencia activa o revolucionaria. El objetivo que parecen perseguir es el cambio radical del sistema jurídico-político, sin excluir la violencia. Bien es cierto que no se han manifestado abiertamente en forma revolucionaria, porque no es fácil justificar la rebelión contra un Estado de Derecho, pero de forma encubierta y parasitando provisionalmente el sistema jurídico-político vigente, está claro que en el fondo se trata de una revolución.

Un saludo cordial

J. A. R. P.

* Los 4 requisitos que señala RAWLS, a los que hace referencia el texto son, estrictamente necesarios para que la desobediencia civil sea moralmente justificable o válida.

1.- La norma/s que se desobedece debe ser injusta para la comunidad, no basta con objetar la conciencia de un individuo, ser refiere a una colectividad.

2.- Debe ser el último recurso al que acudir, sólo cuando se hayan agotado otros medios.

3.- Deberán calcularse previamente las consecuencias negativas que pueda acarrear el incumplimiento de normas. Si el resultado fuese peor, entonces se debe descartar la desobediencia.

4.- Deben ser actos de defensa de los principios de justicia, no puros actos de corrupción contra el sistema.